Nicaragua abandona Consejo de Derechos Humanos de la ONU por informe crítico

El Gobierno de Nicaragua, bajo la presidencia de Daniel Ortega, anunció su retiro definitivo de todas las actividades relacionadas con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta decisión se produce tras la publicación de un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, que solicita llevar al país centroamericano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la privación de la nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses.

Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, comunicó la decisión a través de medios oficiales. Explicó que se ha formalizado la salida mediante una carta dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador Jürg Lauber, enviada por el canciller Valdrack Jaentschke.

La Crítica al Informe

Murillo manifestó que la decisión de Nicaragua se basa en el último informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, el cual acusa al Ejército nicaragüense de participar activamente en la represión de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 y de cometer ejecuciones extrajudiciales. Además, el informe señala que el Gobierno sandinista ha desmantelado los controles sobre su poder a través de graves violaciones de derechos humanos.

Rechazo a las Acusaciones

El Gobierno nicaragüense rechaza "todas las falsedades, las falsificaciones, las calumnias, las mentiras, en un acto de decencia elemental, cumpliendo con ese sagrado deber de preservar decoro y orgullo", afirmó Murillo. Asimismo, repudió "todos los insultos, todas las ofensas, todas las falsificaciones, todas las agresiones, todo lo que constituye la política colonialista que rige acciones de organismos que debían servir al bien de todos".

Doble Rasero e Intervención Extranjera

Según Nicaragua, el informe de los expertos, que no reconoce, "al igual que los informes anteriores, las declaraciones, comunicados y actualizaciones, son una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos usándolos como pretextos para injerencias en los asuntos internos de los Estados y para irrespetar la soberanía nacional".

Murillo denunció que estos mecanismos no solo son métodos políticos para desprestigiar la labor del gobierno en la consolidación de la paz y la seguridad, sino que también obstaculizan el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense e intentan impedir el avance en áreas como salud y educación.

Acusaciones al Grupo de Expertos

En la misiva enviada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Nicaragua acusó al Grupo de Expertos, a la Oficina del Alto Comisionado y al propio consejo de haberse convertido en "caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad" y de ser los autores de asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes contra el pueblo nicaragüense, causando además destrucción e incuantificable daño a la economía nacional.

Retiro Definitivo

Nicaragua enfatizó que estos mecanismos perdieron su naturaleza y esencia, por lo que no los reconoce ni se considera parte de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados y la dignidad de los pueblos. Hasta ahora, 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad tras una última acción de este tipo el pasado septiembre, cuando 135 opositores presos fueron expulsados a Guatemala como apátridas.