
Harvard se niega a aceptar las reformas propuestas por el gobierno de Trump
La Universidad de Harvard rechaza las reformas propuestas por el gobierno de Trump, alegando violaciones a sus derechos y a su independencia académica.

A través de sus representantes legales, la Universidad de Harvard comunicó su decisión de rechazar el acuerdo propuesto por el gobierno de Donald Trump, quien había impuesto aranceles recíprocos a casi todos los países del mundo y, además, congeló unos 2.200 millones de dólares en fondos federales destinados a la institución.
Las acusaciones del gobierno de Trump
El gobierno de Trump argumentó que la Universidad de Harvard no contaba con un plan efectivo para abordar el antisemitismo en su campus y expresó su preocupación por la preferencia racial. En respuesta, Alan M. Garber, presidente de la Universidad, defendió la independencia de Harvard, manifestando que ningún gobierno debería dictar las decisiones sobre la admisión de estudiantes y profesores en instituciones privadas.
Las reformas propuestas por el gobierno
El gobierno de Trump envió una carta a Harvard, en la que solicitaba una serie de reformas en sus procesos de admisión y contratación. Entre las peticiones, se incluía la necesidad de reformar el proceso de reclutamiento y selección de estudiantes internacionales para evitar la admisión de aquellos considerados hostiles a los valores e instituciones estadounidenses. Asimismo, se proponía realizar una auditoría a la diversidad de puntos de vista en el campus, así como la verificación de los programas y departamentos que pudieran fomentar el acoso antisemita o reflejar una captura ideológica.
La respuesta de Harvard
Alan M. Garber, presidente de la Universidad, reafirmó la decisión de no ceder ante las reformas propuestas, argumentando que la mayoría de las solicitudes implicaban una regulación gubernamental directa sobre las condiciones intelectuales en la institución. A través de sus abogados, la Universidad de Harvard hizo hincapié en que estas prescripciones excedían las facultades del gobierno federal, violaban sus derechos bajo la Primera Enmienda y comprometían los valores de la institución como entidad privada dedicada a la búsqueda y difusión del conocimiento.
Compartir noticia