Francia debate 'no consentimiento' en violación tras caso Gisèle Pelicot

Francia debate una ley que introduce el 'no consentimiento' sexual en la definición de violación, respondiendo a casos como el de Gisèle Pelicot. La propuesta busca marcar la diferencia entre sexualidad y violencia, definiendo el consentimiento como explícito y revocable.

Este martes 1 de abril, el debate central en la Asamblea Nacional francesa giró en torno a la propuesta de introducir el principio de 'no consentimiento' en la definición del crimen de violación. Esta iniciativa legislativa surge como respuesta a casos como el de Gisèle Pelicot, quien fue víctima de drogadicción por parte de su marido durante años y luego sometida a abusos sexuales por numerosos hombres. Durante el juicio, los abogados de la defensa alegaron que la señora Pelicot 'consentía' a los abusos sufridos.

El pasado enero, el texto impulsado por las diputadas Marie-Charlotte Garin, presidenta de los ecologistas, y la macronista Véronique Riotton, fue aprobado en comisión parlamentaria. Ambas parlamentarias contaron con un año para elaborar una propuesta lo más clara posible después de numerosas audiencias con expertos, profesionales y asociaciones de apoyo a las víctimas.

El objetivo: marcar la barrera entre sexualidad y violencia

Garin, quien también preside la comisión, defendió desde la tribuna el objetivo de "marcar la barrera entre sexualidad y violencia", lo que implica un "gran trabajo técnico" debido a la sensibilidad del tema penal. Por su parte, Riotton añadió: "Nuestra definición de agresión sexual no cumple su función, es represiva y favorece a los agresores (…) cuya intimidación queda frecuentemente impune".

La justicia francesa y el consentimiento

Actualmente, la justicia francesa solo contempla la violencia, coacción, amenaza y sorpresa como supuestos que prueban una violación. Tras casos mediáticos en los que la voluntad de la víctima se vio anulada por sumisión química u otras formas de aturdimiento, las cortes decidirán si incluir la falta de consentimiento como elemento sustancial del delito.

El caso Gisèle Pelicot y su impacto

La ministra delegada para la Igualdad de Género, Aurore Bergé, se mostró favorable a un cambio en la ley francesa y recordó las lecciones aprendidas con el caso Pelicot, en el que los 51 agresores residían a escasos kilómetros de la casa de la víctima. "La cultura de la violación se construye con su silencio y su complicidad", denunció durante su intervención, en la que reivindicó la necesidad de explicitar que "consentir no es no decir no, sino decir sí libremente".

La sentencia del proceso, en el que Gisèle Pelicot renunció a su anonimato y se convirtió en un símbolo feminista, se recibió con decepción en gran parte del público francés. Aunque Dominique recibió la pena máxima prevista, de 20 años de prisión, el resto de los 50 acusados fueron condenados entre tres y 12 años, y seis de ellos fueron puestos en libertad.

El texto que redefine el consentimiento

La propuesta que se debate redefine el consentimiento como una aprobación explícita, libre, revocable y que no se puede deducir del silencio o la falta de resistencia de la persona. La ley del 'solo sí es sí' francesa, en caso de aprobarse en la Asamblea y posteriormente en el Senado, divide enormemente a la judicatura y al movimiento feminista por la posibilidad de que la investigación se centre en el comportamiento de la víctima y no en la estrategia intimidatoria del agresor.

La división en el movimiento feminista francés

El Consejo de Estado, la máxima jurisdicción en el ámbito administrativo, recordó el pasado 6 de marzo que la jurisprudencia francesa establece que la coacción y la sorpresa ya son nociones incluidas en todos los casos que "implican la utilización de estratagemas que conducen a viciar el consentimiento". El movimiento feminista francés está dividido sobre esta noción, pues hay una parte que juzga que añadirlo puede, a la postre, perjudicar a la propia víctima.

Sin embargo, la corriente feminista sí converge en que, para mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencias sexuales, haya una ley integral con 130 medidas concretas que refuercen los recursos económicos, la formación de magistrados y policías en esta materia y la creación de un Ministerio de Igualdad de pleno derecho.

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